CITGO Petroleum Corporation no es simplemente una empresa refinadora de petróleo con sede en Estados Unidos. Para millones de venezolanos, CITGO ha sido durante décadas uno de los activos estratégicos más importantes del país fuera de sus fronteras. Su ya casi inevitable venta forzada no es producto de un accidente ni de una conspiración internacional, sino la consecuencia directa de años de malas decisiones, corrupción estructural, litigios perdidos, sanciones y un colapso institucional cuidadosamente construido por el régimen venezolano.
Comencemos por lo básico. ¿Qué es CITGO?
CITGO es una empresa refinadora y distribuidora de combustibles con tres grandes refinerías en Estados Unidos ubicadas en Texas, Louisiana e Illinois. Posee también una extensa red de oleoductos y miles de estaciones de servicio a lo largo de EEUU. Desde los años ochenta pertenece a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y durante décadas fue una fuente sólida de ingresos, influencia energética y respaldo financiero para Venezuela. Mientras el país se hundía en el desorden, CITGO seguía funcionando. Profesional. Rentable.
Y precisamente por eso se convirtió en el objetivo perfecto cuando el narco régimen comenzó a destruir todo lo que tocaba.
Mientras PDVSA era vaciada, politizada y convertida en una caja negra al servicio de una camarilla que según múltiples investigaciones no era más que una estructura funcional convertida en narco-Estado, CITGO operaba bajo reglas corporativas estadounidenses, generando ingresos reales y sosteniendo parte del músculo financiero del país. incluso financiaba a PDVSA. Aún así, no fue protegida como activo estratégico por el régimen, sino que fue vista como un botín.
El camino hacia la venta forzada de CITGO comienza con las expropiaciones masivas impulsadas por Hugo Chávez a partir de los años 2000. Una orgía de poder transmitida en cadena nacional, donde un comandante eufórico señalaba edificios y gritaba “¡Exprópiese!”, como si administrar un país fuera un juego de mesa inundó las pantallas de televisión en cadenas nacionales donde el capo mayor hacía gala de su poder desmedido. Decenas de empresas petroleras, mineras, agrícolas e industriales fueron confiscadas sin compensación, sin estudios técnicos y sin ningún plan que no fuera el saqueo inmediato.
En esa vorágine se arrebataron más de 20 millones de hectáreas de tierras productivas a agricultores y hacendados. Gran parte de la costa oriental del lego de Maracaibo fue entregada a “socios” del régimen. Fundos como La Marqueseña fueron saqueados y repartidos en partes a grupos chavistas que se encargaron de destruir todo. Muchas otras empresas fueron entregadas a amigos del poder, a aliados políticos extranjeros iraníes, chinos, cubanos… El resultado fue el colapso del campo venezolano y la dependencia absoluta de importaciones, en las cuales el régimen compraba insumos y productos con hasta 100 veces sobreprecio y lavaba dinero robado que terminó en bolsillos de la cúpula chavista.
El sector industrial corrió la misma suerte. Las ensambladoras de vehículos Ford y Chrysler fueron asfixiadas y expropiadas. Owens-Illinois, pieza clave en la producción de envases de vidrio, fue tomada por el Estado y llevada a la ruina. No solo se robaron edificios y maquinaria; se apropiaron de inventarios, marcas, procesos y hasta derechos intelectuales. Un ejemplo grotesco: tras expropiar las instalaciones de cereales Kellogg’s, el régimen siguió vendiendo los productos usando ilegalmente su marca y su identidad corporativa durante años… hasta que la saquearon tanto que dejó de funcionar. Piratería de Estado, sin pudor y sin consecuencias… hasta que llegaron los tribunales.
El caso de Agroisleña merece capítulo aparte. Una empresa responsable de cerca del 80 % del suministro de insumos agrícolas del país fue expropiada y convertida en Agropatria. En menos de dos años, la producción agrícola colapsó. El daño fue tan profundo que, años después, el propio régimen ya sin discurso ni vergüenza devolvió los restos de la empresa a sus dueños originales, esperando que hicieran el milagro de reconstruir lo que ellos mismos destruyeron. Nadie volvió a confiar. El agro venezolano quedó enterrado y hoy sobreviven apenas unos pocos productores de pequeño alcance en el país.
Lo que el régimen llamó “soberanía” terminó siendo una avalancha de demandas internacionales ante un saqueo indiscriminado de todo lo que tocaban. Venezuela perdió una tras otra en tribunales arbitrales como el CIADI, acumulando sentencias multimillonarias. Y fiel a su estilo, el cártel decidió no pagar. Simplemente dejó de cumplir. Ya tenían lo que buscaban: los bolsillos llenos.
Los acreedores hicieron entonces lo que cualquier acreedor hace: buscar activos para cobrar. Y allí apareció de nuevo CITGO. Grande, rentable, ubicada en Estados Unidos y ya comprometida como garantía por el propio régimen.
¿Como?! Pues sí: PDVSA utilizó a CITGO como colateral para obtener financiamiento en bancos extranjeros. En lugar de blindar a la empresa, empeñaron sus acciones, y cuando luego Venezuela entró en default en 2017 y dejó de pagar su deuda externa, los litigios se multiplicaron. Fue entonces cuando empresas como Crystallex y ConocoPhillips obtuvieron fallos favorables en tribunales estadounidenses que reconocieron a CITGO como un “alter ego” del Estado venezolano. Traducido: no podían esconderla para evadir responsabilidades.
En 2019, las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro congelaron activos venezolanos y colocaron a CITGO bajo una junta administrativa designada por la oposición, que en ese entonces era reconocida como el gobierno interino de Guaidó.
Esa medida evitó una toma inmediata por parte de los acreedores y salvó a CITGO de ser vendida en ese momento. Guaidó hizo más por salvar a CITGO en un año que los 27 años del régimen narco. Esa es la verdad.
Pero esta acción también dejó a la empresa atrapada en un limbo jurídico: protegida temporalmente por su situación jurídica que la mantenía separada del régimen bajo el gobierno interino, pero asfixiada por demandas que seguían creciendo y que no podían pagarse porque el régimen se negaba a cumplir sus obligaciones y el gobierno interino no tenía acceso a los fondos de CITGO que permanecían congelados y no podían usarse para pagar una deuda que legalmente no habían contraído.
Durante todo ese tiempo, el régimen no hizo “absolutamente nada” para resolver el problema. No negoció. No pagó. No propuso soluciones. Porque nunca fue su intención salvar CITGO. Su interés en la empresa terminó el día que le sacaron el dinero, pero hoy usan su pérdida como arma discursiva para ocultar su propia ineptitud y corrupción, señalando maliciosamente a todos de culpables excepto a los verdaderos culpables: ellos mismos.
Otro caso que podríamos ver es el de la “repatriación del oro” de las reservas internacionales de Venezuela y que han sido saqueadas por los del cártel a su gusto, así como otros recursos mineros mil millonarios de los que nadie habla, como si lo único que posee Venezuela fuera petróleo. Pero ese caso lo hablaré en otro artículo, porque da para mucho. Atentos a eso.
Tras años de litigios, los tribunales estadounidenses autorizaron finalmente el proceso de subasta de acciones de CITGO. No es una privatización ni una confiscación: Es una ejecución judicial por impago. Una vergüenza para el país con mas petroleo del mundo. CITGO no se vende porque Estados Unidos quiera, sino porque las leyes se cumplen y las deudas se deben pagar. La ley, es la ley.
El dinero de esta venta no irá a reconstruir Venezuela ni a financiar servicios públicos. Irá a pagar sentencias firmes a acreedores que prestaron dinero y nunca cobraron por casi una década.
Lo que sobre de la liquidación de CITGO (si es que sobra algo) dependerá del monto final de esa venta.
Más allá de la propaganda que usa el cártel hoy con la pérdida de CITGO, esta venta forzada simboliza algo mucho más profundo: el desmantelamiento sistemático del patrimonio nacional venezolano por culpa de un régimen corrupto que confundió poder con impunidad. CITGO no se perdió de un día para otro. Se perdió gota a gota, demanda a demanda, hasta convertirse en la factura final de un saqueo prolongado.
No es una historia de imperialismo. Es una historia de consecuencias.
Jose Calabres
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