¿Y SI EL GOBIERNO NO PERMITE LA AUDITORÍA?

Ante todo, estimado lector, comenzaré por decir (en aras de promover ante todo el pensamiento democrático y legal) que no debemos “prejuzgar” que el gobierno de negativa respuesta al proceso de auditoria. “Y ahora, (dirá ud.) Calabrés como que es un infiltrado pro castrista”. NO.

Supongamos por un momento. Hablemos, como dicen los más letrados y ortodoxos usuarios de las buenas costumbres, en sentido figurado: FIGUREMOS que estamos ante un gobierno corrupto y completamente ciego ante las leyes y estatutos que puedan aparecer en la constitución o cualquier texto de guía moral o legislativa, y que está apoyado por un sector de la población que siente que está en deuda con ese gobierno, y este último para mantener sumiso precisamente a ese sector no para de bombardearlo con mensajes de cobro moral subliminal en vallas, comerciales, panfletos, reuniones etc. FIGUREMOS también que ante un fraude a todas luces obvio para Venezuela y el mundo ese gobierno se siente acorralado frente a la clara posibilidad de verse inevitablemente descubierto. Repito: FIGUREMOS.

Es importante, antes de llegar al punto en el que ese gobierno déspota y abiertamente dictatorial (figurativamente por supuesto… es solo un “ejemplo”) se declara en posición defensiva, comprender el proceso que lo lleva a ese punto.

Volvamos entonces atrás un poco en el tiempo moderno de lo que conocemos como “Socialismo del siglo XXI” o dedocracia.

Venezuela vivió hace apenas unos meses, un proceso de elecciones presidenciales ante dos candidatos: H. Chávez y H. Capriles. Desde esa fecha ya la población venezolana se sentía estafada ante un resultado que daba por vencedor al candidato presidente y paciente terminal de cáncer sobre un flaco sano que movió masas impresionantes de gente que acudía a sus discursos en toda la geografía nacional. Aquel resultado se convirtió en una suerte de mecha en la conciencia del pueblo opositor ante un CNE que comenzó a verse turbio. La mecha comenzó a prenderse. Pero los ánimos se cayeron por completo cuando esa misma noche, el candidato H. Capriles aceptó sin chistar aquellos números, y como la oposición venía ya golpeada desde hace años por el flagelo de la derrota y la humillación pública por parte de aquellos rojos que no perdían oportunidad para restregarnos sus victorias, pues la costumbre nos hizo aceptar aquella derrota como “una más”, aunque ahora con un saborcito amargo como de “fraude”, que aunque no abiertamente declarado, supuesto.

Para sorpresa de todos, pocos meses después la providencia nos trajo a un nuevo proceso electoral con el mismo candidato opositor, pero ahora contra un candidato heredero (de boca) del difunto presidente, que aunque cubierto con la bendición del difunto, desde lejos no llegaba ni al tobillo de su predecesor. El puesto le quedó grande.

H. Capriles se vio ante una situación INÉDITA en la historia democrática del país. Fue candidato presidencial en 2 oportunidades consecutivas en menos de 6 meses!. Pero el compromiso asumido por Capriles ahora tenía un nuevo matiz. Nadie, absolutamente nadie en los sectores de oposición quería competir de nuevo en las mismas condiciones que el pasado 7 de octubre. El abuso del gobierno se vio marcada en un 400% más para las elecciones de abril que en las de octubre,  la campaña oficial se basó en repetir que el candidato oficial era “hijo” del difunto o “heredero” del presidente fallecido y en descalificar al candidato Capriles con insultos e improperios no solo fuera de lugar y sin fundamento, sino que remarcaban la ineptitud del candidato oficial y de los que le acompañaban.

Este nuevo juego fue mucho más organizado. La oposición cuidó sus votos, tuvo testigos, y asumió postura fuerte y convincente ante lo que desde temprano se veía venir de la mano del fraude más espectacular de la historia de Latinoamérica en los últimos 100 años. Hasta la muerte del presidente se manejó de manera siempre críptica y misteriosa con la intención de presentar a un precandidato a la altura del predecesor, aunque eso nunca sucedió.

El 14 de abril, el candidato Capriles, a diferencia del 7 de Octubre, habló con la voz de casi 8 millones de venezolanos que dijeron “estamos ante unos resultados electorales turbios”, y de manera responsable y amparado en la ley y la constitución pidió, como debe ser el derecho no solo de él como candidato, sino de TODOS LOS VENEZOLANOS QUE VOTAMOS POR ÉL, una auditoría al sistema, por que los números “no cuadraban”.

El proceso de auditoría está claro. CONTEO DE VOTOS Y COMPARACIÓN CON ACTAS Y CUADERNO DE VOTACION. Si lo hablamos sinceramente, la auditoría es tan sencilla y básica que hasta niños de primaria podrían hacerla sin problema alguno.

Entonces, preguntará usted: ¿cuál es el drama de la auditoría?. En primer lugar, hay que recalcar que las comunicaciones que emiten de manera aleatoria y extraña las rectoras del CNE parecieran querer confundir al pueblo opositor que exige su auditoría y afianzar la idea en el pueblo oficialista de que la auditoría es algo “innecesario “ o ridículo, puesto que eso no cambiará los resultados electorales. Pues déjenme aclararles algo: ESO ES VERDAD. Pero no por motivos como ellos (CNE) tratan de hacer ver, sino por que el CNE es un órgano que solo se encarga del proceso electoral como tal, no de proclamar o no a presidentes o funcionarios. Esa tarea le corresponde por ley al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). CNE no es más que un simple “cuenta papelitos” si al caso vamos y le damos el trato a los sufragios que ellos mismos le dan.

Recordemos también que esta situación es INÉDITA en nuestro país. Por primera vez en la historia moderna, alguien pide auditoría ante un resultado electoral que separa la victoria entre los candidatos por un número de sufragios apenas superior a 1% y que aún hoy, una semana después, no se conocen del todo, puesto que los votos del exterior y a quien favorecen a esta hora no han sido publicados.

Ante esta diatriba, la solicitud de una auditoría es lo más lógico. El problema comienza, cuando el gobierno, de manera “irregular y desacostumbrada” se apresura a desconocer la solicitud de una auditoría que aún no se realiza, argumentando que tienen una victoria transparente y contundente. Más curioso es que se nieguen a hacer auditoría por primera vez al sistema electoral “más avanzado del mundo” como ellos mismos pregonan y del que se vanaglorian al afirmar en su site web que es 100% auditable. Esa actuación es la que precisamente levanta suspicacia en el elector, que después de ver como el gobierno violó de manera pornográfica todas las leyes electorales el día de las elecciones y los días posteriores, se presenta ahora con un discurso “bipolar” en el que llama “a todos los fascistas apátridas y traidores, a la paz y al respeto” mientras viola leyes laborales y comienza persecuciones políticas al mejor estilo Gestapo.

Ahora si, al grano: ¿Que pasará ahora que el gobierno, ante la mirada expectante del mundo y la UNASUR (de visita hace apenas unos días) aceptó la famosa auditoría pero ahora pone trabas insólitas para no realizar la misma?.

Comprendamos algo. Un proceso de auditoría tiene una forma de trabajar, y su resultado será inequívoco. De eso ya he escrito algo. Los invito a leerlo en el siguiente link:

http://asivelascosasjosecalabres.blogspot.com/2013/04/de-lo-que-pasara-ahora-con-maduro-y-su.html

En ese artículo aclaro un poco al lector lo que es la auditoría y sus posibles consecuencias “legales”. Como dije al principio, pensamos que los procesos legales “se cumplirán”, por lo que la auditoría debe  comenzar sin novedades y sus consecuencias se llevarán a cabo sin novedad, por que el gobierno es el primer garante de que la ley se cumpla.

Pero, ¿que puede pasar cuando eso no sucede?. Retomemos el comienzo de este artículo: FIGUREMOS: La única manera que puede tener el gobierno para NO realizar la auditoría, pero permaneciendo dentro de los márgenes de la legalidad, es que dicha auditoría se deba suspender por algún motivo de fuerza mayor. Pero a pesar de la tensión que se vive en Venezuela en estos momentos dicho motivo de fuerza mayor no se ha presentado.

SUPONGAMOS entonces que el gobierno (el que estamos figurando) decide que para evitar dicha auditoría (que pondría en evidencia un fraude electoral y mostraría al mundo que se encuentra en el poder de manera ilegítima y que el proceso electoral puede estar empañado por manipulaciones oscuras desde hace años) necesita “propiciar” que el motivo de fuerza mayor se dé, y que se dé de manera RÁPIDA. ¿Cuál puede ser ese motivo de fuerza mayor que puede congelar cualquier proceso?.

El lector suspicaz debe tener la respuesta ya, y debe haber notado en el día a día los síntomas de este “facilitar” por parte del que está en Miraflores.

La ley dicta que una impugnación a cualquier resultado electoral debe hacerse en un lapso dentro de los primeros 15 días hábiles desde el momento de la proclamación. En esto se basan las rectoras para recalcar día tras día en los medios estadales que la oposición “no ha presentado impugnación”. Muchos se preguntan por que Capriles no lo ha hecho a estas alturas. La respuesta es la siguiente (y aunque sospecho que ya lo dije en mi articulo pasado, creo que vale la pena recalcarlo en este): Para poder impugnar, la ley pide que se haga apoyada con pruebas de inconsistencia que apoyen la solicitud. Presentar solicitud de impugnación SIN pruebas resultaría en una negativa por parte del TSJ a tal solicitud, y a su vez IMPOSIBILITA una nueva solicitud por el mismo motivo (usted no puede pagar cárcel 2 veces por el mismo crimen. Si presenta solicitud sin prueba y la rechazan ya no podrá meter la misma solicitud nuevamente, puesto que por ese caso en particular “ya hay decisión”). Este es el motivo de no solicitar aún impugnación hasta no tener las pruebas de la inconsistencia del sistema. ¿Cómo demostrar entonces que el sistema electoral “falló”? Adivinen: UNA AUDITORÍA. Si el Comando Simón Bolívar y Capriles demuestran aunque sea que hay un solo voto fuera de lugar, esa prueba es suficiente para solicitar se impugnen las elecciones basándose en que el sistema no refleja la voluntad de los electores.

Ahora bien, llegado a este punto, podemos comenzar a comprender por que el CNE le da largas a la fecha de comienzo de auditorías y las trabas que coloca para realizar la misma, asegurando además que el proceso de auditoría “no frena los días legales para solicitar la imputación”. Un juego de doble cara. Buscan la manera de hacer que los días para impugnar se cumplan sin que la oposición logre recaudar pruebas.

Sin embargo, alargar el proceso de auditorías, al contrario de lo que se pueda pensar no ayuda al régimen, sino que al contrario lo debilita y pone en sospecha de un verdadero fraude. Solo queda una forma de detener lo inevitable: Un autogolpe? NO. No es necesario llegar a eso, puesto que eso no duraría en Venezuela más que horas debido a la presión internacional y los levantamientos insurgentes civiles y militares que desconocerían un gobierno de facto. Pero SI hay una manera de detener TODO sin romper las líneas de la constitucionalidad: suspensión de garantías. ESTADO DE EXCEPCIÓN.

No hay manera de decretar tales estados de excepción dentro de la legalidad sin situaciones que lo ameriten. Pero si el gobierno quisiera “propiciar” tales estados (figurando) podría manipular la tensión política de sus seguidores y sus contrarios con modos de “provocación” que puedan desencadenar por ejemplo enfrentamientos de calle o crisis civiles, saqueos, etc (recuerdan cuando dijeron que apoyarían al pueblo si se armaba un caracazo nuevamente?). Como? Por ejemplo una cadena en la que se exacerban los sentimientos de ambas partes políticas del país. Hacer que unos se sientan atacados y a otros ofendidos. Podría mantener un discurso marcadamente divisorio en el que llama al odio y al sectarismo para mantener precisamente esa división irracional entre los ciudadanos y asegurar que las calles estén siempre enfrentadas. Quizá con despidos sin amparo legal, desconocimiento de derechos, etc.

Ante una eventual situación violenta de calle, la excusa estaría servida en bandeja de plata para congelar cualquier proceso de auditoría al menos por unos días, precisamente los necesarios para luego decir que “el lapso para imputar se venció” y que al no presentarse tal solicitud pues ya no se puede proceder. Esto se llama “un verdadero plan malévolo” digno del salón de la maldad de aquella comiquita “Los Superamigos”.

Pero guerra avisada no mata soldado, por lo que la oposición no debe perder de vista su meta: AUDITORÍA.

Es claro que el gobierno no puede plantear una situación en la que no acepte hacer esa auditoría, por que de poder hacerlo, “ya lo hubiesen hecho”.

En estos momentos solo vemos síntomas de terror. El gobierno está como una presa acorralada que tira a morder al vacío con la esperanza de que su depredador se asuste y huya. En esta oportunidad (también inédita para este gobierno) la oposición ya no tiene miedo de sus ladridos y al contrario, sigue adelante con una estrategia que finalmente, y muy pronto, terminará en la victoria. No debemos caernos, estando tan cerca del final, con una “conchita de mango”. Es ahora que debemos demostrar TEMPLE e inteligencia. NO CAIGAMOS EN PROVOCACIONES. CALMA. No desesperen. Hay un equipo ALTAMENTE COMPETENTE de personas acompañando a Capriles y que no descansa NUNCA defendiendo no solo una posición política, o personal, o de partido, sino la posición que casi 8 MILLONES DE VENEZOLANOS TENEMOS. No decaigan! Estamos MUY cerca de la victoria. ¿Qué como lo sé?: por que los perros ladran.

NOTA FINAL: No suelo pedir que difundan mis escritos o el blog. Pero en este caso es importante que hagan llegar estas lineas a nuestra gente. NO DEBEMOS CAER EN PROVOCACIONES. DIFUNDAN! (Y gracias por eso!)